Más de dos mes acampados frente a la Junta Municipal de Carabanchel (Madrid) llevan Lidia y Santi, padres de cuatro hijos de 13, 10, ocho y tres años de edad, desahuciados, el pasado 13 de junio, de un piso de un fondo de inversiones calificado como «buitre».
Lidia y Santi llevan mucho tiempo en paro. Nunca han tenido una casa propia aunque hace años solicitaron una pública. Reciben 655 euros al mes a través de la Renta Mínima de Inserción que abona la Comunidad de Madrid y gestionan los servicios sociales del ayuntamiento de la capital. Los menores están escolarizados en colegios públicos donde cuentan con ayuda para costear los servicios de comedor.
Han vivido con sus familiares y hasta han ocupado algún piso vacío. El último había sido vendido al fondo de inversión Fidere. Desde entonces no encuentran una solución que les haya hecho desistir en su protesta, a pesar de las conversaciones con las administraciones, especialmente con el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena, que les recibió personalmente e incluso les interpeló más tare, durante un pleno municipal que la pareja junto con activistas anti-desahucios interrumpió.
«Consideré el problema que tenían, les recibí precisamente a la pareja que forma esta familia, y hablé con Lidia», pronunció la regidora, quien luego detalló que les ofreció “una solución», que parecía haberles dejado “enormemente satisfechos».
Les han ofrecido vivir temporalmente en hostales, siempre que consigan que sus propietarios accedan a tratar con los servicios sociales municipales, hasta que se resuelva o agilice su petición a la Comunidad de Madrid de una vivienda social pública. La pareja habría solicitado vivienda pública hace 15 años y un alquiler social hace dos. Pero al tener antecedentes por “usurpación” su expediente fue congelado.
La concejala del distrito de Carabanchel, Esther Gómez, ha explicado que en estos dos años del nuevo gobierno municipal “ya se han alojado a más de 1.800 familias, demostrando con ello el compromiso con las familias demandantes de ayuda, aunque sabemos que no es suficiente porque tenemos una lista de espera de 14.000 familias de las que 8.000 se encuentran en situación de emergencia”
Desde el consistorio insisten en que la Empresa Municipal de la Vivienda fue descapitalizada durante el mandato de Ana Botella, cuando se vendieron alrededor de 5.000 viviendas a los denominados fondos buitres, por lo que su margen de actuación es limitado y pasan la pelota al tejado de la Comunidad de Madrid. Las últimas actividades de protesta de los activistas que apoyan la causa de Lidia y Santiago, de hecho, se han centrado en reclamar la intervención de la propia presidenta autonómica, Cristina Cifuentes.
“Dicen que no tienen pero sabemos que ayuntamiento y comunidad tienen muchas viviendas cerradas”, insiste por su parte Lidia, una y otra vez. Su aspiración última es “una vivienda digna” para “poder pagar acorde a mis ingresos y si cuando tengamos trabajo me tienen que subir la letra, que me la suban”. #SoluciónLidiaYSanti